EDITORIAL

Desde que en 2006 la secundaria se hizo obligatoria, la educación superior comenzó a ser parte del horizonte cultural de las y los estudiantes provenientes de las familias trabajadoras. Esa extensión de la mirada estuvo acompañada por políticas que expandieron como nunca antes las universidades públicas.

La provincia de Buenos Aires ha sido un territorio “privilegiado” con la creación de seis universidades nacionales en los últimos trece años. El proyecto de continuar estudiando por parte de miles de pibes y pibas empezaba a tener nuevos espacios que articulaban excelencia académica y cercanía territorial. Pero en localidades más pequeñas y alejadas de los centros urbanos el desafío era y es seguir estudiando sin desarraigarse. Y ahí está el instituto superior técnico o de formación docente, esa “universidad de pequeña escala”, territorio cercano y muchas veces amigable donde se producen y circulan saberes y conocimientos de relevancia científica, institución en la cual muchos y muchas jóvenes del pueblo logran transitar estudios superiores y obtener un título terciario, una experiencia que para el sentido común está reservada a unos pocos.

De eso hablamos cuando hablamos del derecho a la educación superior. De las políticas que hacen posible la democratización del acceso, de las y los trabajadores de la educación que construyen estrategias para sostener las trayectorias estudiantiles, de las y los estudiantes que se organizan para conseguir mínimas condiciones de posibilidad para seguir estudiando.

Queremos contribuir a propiciar los cambios culturales imprescindibles para que se abandone la idea de que la calidad se mide por la relación entre cuantos ingresan y cuantos egresan, intentando machacar con el latiguillo de que la educación superior pública – “que sostenemos todos”- es un gasto que los jóvenes de las clases populares dilapidan porque son vagos o porque lo único que les interesa es tener la beca para gastarla en droga o alcohol.

Siempre es bueno que seguir estudiando forme parte del horizonte de los muchachos y las muchachas de las barriadas populares. Y que lo intenten, aunque no siempre logren terminar una carrera. Y que allí, en su barrio haya un instituto, una universidad, docentes comprometidos con acompañar desde la enseñanza sus derroteros educativos, formarlos en la autonomía intelectual y posibilitarles construir su propia comprensión crítica del mundo

Por eso, y retomando la idea gramsciana de todo lo que tenemos en nuestro sentido común “sin beneficio de inventario”, es que queremos presentar en este primer número de INVENTARIO distintas experiencias y reflexiones que desde el interior de las instituciones formadoras reman contra el ajuste y a favor de la expansión de una educación superior pública de calidad para todas y todos.

Sobre las producciones del primer número

El reportaje a Adriana Puiggrós nos propone una mirada integral respecto del sustrato cultural que se pone en juego a la hora de transformar la concepción de educación superior como derecho en una política pública.

El trabajo realizado junto con algunos Institutos de la provincia de Buenos Aires durante 2018 nos proporciona dos interesantes reflexiones. Por un lado, la intervención de Verónica Piovani realizada en el ISFD N° 104 de Quilmes sintetiza el actual estado de deterioro de la Formación Docente problematizando el anclaje de las políticas neoliberales en las instituciones y los consensos y compromisos necesarios para revertirlas. Por otro lado, el artículo de Gabriela Saslavsky, que recupera su exposición realizada en el ISFD Nº 81 de Miramar, recorre a partir de las prácticas educativas de los institutos las claves que caracterizan los modelos de formación docente en disputa.

A continuación van a encontrar un bloque de tres artículos (pequeños ensayos de nuestros colaboradores) para reflexionar sobre la temática desde distintos puntos de vista. El trabajo que firmamos junto a Mariano Indart reflexiona críticamente sobre conceptos tales como “calidad” y “mérito” en tanto territorio de disputa simbólica entre proyectos políticos- pedagógicos. Damián Ferrari confronta la experiencia del Programa Nacional de Formación Permanente con la actual propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos en clave de repensar el derecho a la formación docente permanente. Y un grupo de profesores integrantes del Encuentro de Cátedras que hacen investigación (EnCaHIn) dan cuenta de cómo el trabajo colaborativo es la modalidad que sostiene sus prácticas de investigación y producción de conocimiento.

Abrimos la sección Formadores que dejan huella como un espacio de memoria sobre nuestros y nuestras educadoras. En este número Jorge Huergo.

Finalmente dos miradas imprescindibles, la de las organizaciones gremiales de docentes y estudiantes. Sandra González, directora del ISFD N° 29 y Secr. Gral. del SUTEBA Merlo, repasa los desafíos que las actuales políticas de mercantilización significan para los sindicatos docentes. Micaela Junco, presidenta del Centro de Estudiantes del ISFD N°21 de Moreno, nos cuenta el actual estado del Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Buenos Aires, histórica lucha de los estudiantes terciarios.

Siempre el primer número de una publicación es una apuesta a futuro y un manifiesto de sus principios. Creemos que con esta edición dedicada al derecho a la educación superior contribuimos a poner en circulación producciones no tan conocidas y voces no siempre escuchadas y, desde ellas, disputar el sentido de la formación docente. Inventario es un espacio de nuevos conocimientos y prácticas colectivas comprometidas con la educación pública.

Silvia Andrea Vázquez